El intendente Carlos Arroyo y Vilma Baragiola resisten una posible candidatura de Montenegro. Sucede justo cuando el gobierno local debe definir asuntos clave: el futuro del predio de residuos y la redacción de la ordenanza fiscal. Para la oposición, la pelea electoral afecta la gestión.
por Ramiro Melucci
Guillermo Montenegro comenzó a recorrer Mar del Plata con los timbreos preelectorales de 2017. En el inicio del verano, el diputado nacional anunció el desembarco en su ciudad natal, pero de momento no asumió públicamente su intención: ser candidato a intendente de Cambiemos en 2019.
Recién la semana pasada sus actividades generaron reacciones evidentes de sus adversarios internos. Carlos Arroyo se preguntó quién es Montenegro y recordó que él irá por la reelección. Vilma Baragiola ratificó su candidatura, instalada desde el momento en que ganó las legislativas del año pasado, y mencionó que “todos saben quién representa a Cambiemos en Mar del Plata”.
Acaso no haya sido casualidad el momento: Martín Yeza, el intendente de Pinamar, venía de ponerle a Montenegro el cartel de candidato. Pero, en tiempos en que Macri y Vidal recomiendan focalizarse en la gestión, la interna preelectoral asoma a destiempo. Para las primarias falta un año y medio. Es difícil defender una discusión tan prematura cuando todavía no están resueltos los asuntos cotidianos.
Por el tono y el contenido, las palabras del intendente fueron más sugestivas que las de Baragiola. Porque desconoció a un diputado nacional oficialista y, para rematar, envió mensajes que parecían destinados al núcleo del poder político. Que nadie le va a mandar ningún virrey y que no se siente obligado a responder a ningún partido político, sentenció. Palabras altisonantes para un alcalde que depende del apoyo de la Provincia y la Nación para evitar una debacle.
Arroyo no sentirá ningún compromiso con Cambiemos, pero depende de esa alianza para encaminar iniciativas cruciales en el Concejo Deliberante. Que no son pocas ni desdeñables. Esta semana será crucial para la aprobación de la emergencia ambiental, con la que apuesta a hacer las contrataciones necesarias para operar el predio de disposición final de residuos después del miércoles, cuando vence la prórroga contractual con Tecsan.
También es tiempo de que el Ejecutivo reenvíe al cuerpo legislativo las ordenanzas fiscal e impositiva, que buscó adaptar al Pacto Fiscal. En ninguno de los dos asuntos hay definiciones anticipadas y comunicadas con claridad. No se sabe, por ejemplo, quién va a hacerse cargo del manejo del predio ni cuánto van a aumentar las tasas. Sería fácil caer en la chicana del plan secreto que alguna vez anticipó; más razonable es atisbar las evidencias que permiten dudar de su recóndita existencia.
El intendente convocó el martes pasado a una conferencia de prensa con el presidente del Emsur, Eduardo Leitao. Parecía la oportunidad propicia para adelantar cuáles iban a ser los pasos a seguir para garantizar la operatividad del predio. Terminó siendo un llamado para reprochar publicaciones y defender una gestión de residuos que no se advierte. No anunció allí el pedido de emergencia que formularía dos días después y dejó al descubierto el panorama incierto.
La oposición aprovechó la semana que comenzó con la precoz reyerta preelectoral y terminó con la incertidumbre por el predio para hacer notar el contraste. “Mar del Plata está presa de la interna de Cambiemos. No discutimos lo que tenemos que discutir”, disparó el jefe del bloque de Unidad Ciudadana, Daniel Rodríguez, en la comisión de Hacienda. Y remató: “Veo mucha actividad en algunas cosas y en otras no”. Su par de Acción Marplatense, Claudia Rodríguez, advirtió en la misma mesa que “se habla de política futurista cuando hay temas frenados e inciertos”.
Lo usufructuó también con hechos. La comisión de Medio Ambiente organizó una excusión para quien quisiera ver en vivo el drama del basural. El oficialismo aceptó el convite, pero por lo bajo lo tildó de oportunista. Lo cierto es que esa visita les dará a los que fueron más herramientas para debatir mañana, en una reunión conjunta de esa comisión con la de Legislación, y el martes, en el recinto, el pedido de Arroyo para que lo dejen hacer contrataciones directas en lugar de licitaciones.
La interna a la que aluden los opositores no es sólo la que exhibieron Arroyo y Baragiola contra Montenegro, sino también la que un sector medular del radicalismo mantiene con el intendente. Baragiola y su compañera de bloque Cristina Coria decidieron defender a sectores que se sienten perjudicados con la ordenanza fiscal que redactó el secretario de Economía y Hacienda, Hernán Mourelle. Ni el funcionario ni Arroyo dieron indicios de que corregirán todo lo que ellas pretenden. El intendente dijo, en cambio, que necesita más recursos para hacer frente a las mayores demandas. Una señal de que mantendrá algunos frentes abiertos con sus medidas recaudatorias.
Mourelle no habla más que en privado o en ocasiones puntuales. La próxima será cuando lo convoque la comisión de Hacienda, como ya se comprometió a hacerlo su presidente, el oficialista Alejandro Carrancio. Por el momento, lo que asoma a la luz pública es la demora oficial para reenviar la ordenanza y el misterio de su nueva letra.